El gobierno colombiano está decidido a convertir nuestro territorio en un “País Minero”. En las últimas décadas la legislación, la política económica y la ambiental se han venido adaptando para promocionar y brindar seguridad jurídica y confianza inversionista al capital, especialmente al extranjero, para realizar exploración y explotación minero-energética en una buena parte de Colombia, en detrimento de la sostenibilidad ambiental, la agricultura, las formas de vida tradicional, la permanencia en el territorio y la posibilidad de formas alternativas de producción.

Es así como el tejido social y la biodiversidad están siendo afectados por grandes proyectos multinacionales, sin control del Estado, que están causando un daño irreparable como en La Guajira, Cesar, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Meta, solo por mencionar algunos. Además, hay otros tantos a la expectativa de iniciar, como en Santurbán, Cajamarca, Marmato, Cauca, Eje Cafetero, Huila, Tasco y Pisba, que profundizarán la condición de exportador neto de materias primas, condenándonos a la miseria, el hambre y la destrucción ambiental.

En la mitad, entre los gobernantes que decidieron renunciar a ejercer soberanía en Colombia y quienes hemos advertido del desastre de este modelo minero-energético al servicio de intereses foráneos, están cientos de miles de colombianos que históricamente han realizado minería de manera artesanal y en pequeña escala e incluso -como resultado de la tecnificación- de manera mecanizada. Al ser un obstáculo para que la gran minería transnacional inicie sus proyectos, el Gobierno Nacional ha liderado una política pública para estigmatizarlos, perseguirlos y acabarlos.

Aun cuando es cierto que este tipo de minería, como cualquiera otra, genera un impacto ambiental, también lo es –como es apenas obvio- que por su tamaño el nivel de contaminación es menor que el de la gran minería a cielo abierto. Estos pequeños mineros, con el acompañamiento y asistencia del Estado, deben avanzar prontamente en la dirección de mejorar sus prácticas. Así mismo, quienes estamos cuestionando el modelo minero-energético, conscientes del poder descomunal que tienen las transnacionales a través del gobierno, debemos hacer un esfuerzo por lograr que este sector de la población, de mineros artesanales, pequeños y medianos, no sean arrasados y podamos sumarlos a las acciones académicas, jurídicas y de movilización ciudadana en defensa de nuestro territorio, para detener la mal llamada Locomotora Minero-Energética y lograr una nueva política al servicio de los intereses nacionales.